El Congreso votará el próximo martes la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Como apuntan en sus posts David de Ugarte y Pepe Cervera, en democracia los poderes públicos son servidores antes que dirigentes, y el ciudadano adquiere el papel de demandante: En España debería haber una ley así, que exija que los datos generados por la administración sean públicos y del dominio público. Y eso incluye por necesidad el que esa información esté en formatos abiertos que no puedan ser monopolizados por una empresa o limitados por una decisión comercial. La comunicación con el estado no puede privilegiar a una empresa sobre las demás; no puede pagar tributo obligatorio. Transparencia pública. Si la democracia es un modelo al servicio de los ciudadanos, el acceso a la información se convierte en un derecho. No veo ningún motivo para que datos que se obtienen con fondos públicos (pagados por impuestos) no estén a libre disposición de quién quiera utilizarlos. La opacidad es un mecanismo de control y, por tanto, fuente de malas prácticas y posibles corrupciones y corruptelas. Pero, sobre todo, la transparencia es un indicador muy válido para certificar una democracia de calidad. En este […]

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